Más paro en 2024

En en esta página del blog voy a dejar que otros escriban por mí.

En este caso es Diego Sánchez de la Cruz:

El Gobierno esconde más de 1 millón de parados a principio de 2024

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Paro en 2020

El paro en España alcanzó el 27,3% de la «Población Activa» a finales del año 2020. Veamos por qué.

La Encuesta de Población Activa (EPA) del último trimestre de 2020 nos muestra una buena radiografía de la economía española vista desde la dedicación de los ciudadanos a la producción de bienes y servicios.

Nos proporciona muchos datos que esclarecen hechos y comportamientos de un año tenebroso, que pasan desapercibidos. Por eso esta primera incursión pretende dar luz a algunas partes de esta encuesta bien argumentadas, pero silenciadas por la mayoría de los grandes medios de comunicación (sobre todo aquellos  que ejercen de coros y danzas del «Poder establecido»), salvo por algunos analistas que los han comentado brillantemente, entre los que se encuentra el profesor Gay de Liébana[1].

Actualmente en España viven 47 millones de habitantes (ver Anexo). De todos ellos, la Encuesta de Población Activa (EPA) nos dice que 39,5 millones son ≥16 años (cerca del 85%).

El Instituto Nacional de Estadística (INE) clasifica a los ciudadanos ≥ 16 años en dos grupos.

El primer grupo, la “Población Activa”, está integrado por 23.064.100 ciudadanos. En teoría estas personas estaban trabajando (ocupaban un puesto de trabajo) o estaban buscando activamente uno de esos puestos de trabajo durante el último trimestre del año. Como vemos son un poco más de la mitad (58%) de los ciudadanos ≥16 años.

El segundo grupo, la “Población Inactiva”, está integrado por 16.571.600 ciudadanos. Principalmente son las personas jubiladas (como se aprecia en el Anexo), los enfermos, la gente que está cansada de buscar trabajo sin encontrar nada, aquellos jóvenes que han emigrado para trabajar en otros países y aún no han formalizado su situación en los registros españoles y siguen clasificados como inactivos, la multitud de inmigrantes que han llegado y no están inscritos como parados, las personas que trabajan en la economía sumergida (en oficios variopintos que escapan a las estadísticas oficiales), etc. Todos ellos son casi la mitad (42%) de los ciudadanos ≥16 años.

Entremos en el grupo “Población Activa” para observar a sus integrantes: los Ocupados y los Parados.

En teoría el subgrupo de los Ocupados es el motor que mueve los engranajes económicos de nuestra sociedad, las personas que están trabajando. A finales de 2020 los Ocupados se situaron en 19.344.300 personas. Así que el porcentaje de ocupados respecto de la Población Activa es del 83,9%.

Los Ocupados en el Sector Privado se situaron en 15.965.200. Este colectivo descendió en 748.400.

Los Ocupados en el Sector Público se situaron en 3.379.100. Este colectivo aumentó en 128.500 personas. No olvidemos que la mayor parte de los que integran este último colectivo cobran de los Presupuestos Públicos (del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales). Solamente una pequeña minoría trabaja en empresas públicas con suficiencia financiera[2].

Así que la suma algebraica de ambas variaciones nos da un descenso de 622.700 ocupados menos que en el año 2019.

En el otro lado de los activos están los Parados, los grandes desahuciados de la sociedad productiva. Pero son el foco de todas las atenciones de los políticos que los usan como arma arrojadiza en sus luchas ideológicas. En honor a la verdad, algunas instituciones, públicas y privadas, les prestan atención y ayuda.

Lo verdaderamente preocupante es ver que todos estos ciudadanos desean trabajar pero nadie les contrata. Este subgrupo estaba formado a finales de 2020 por 3.719.800 personas. Esta cifra representa el 16,1% de los activos. Es la cifra más repetida por la mayoría de los medios de comunicación.

Un resumen de las cifras oficiales comentadas hasta ahora es:

Pero hay más personas desempleadas. La EPA nos desvela que 1.889.100 personas, los Ocupados sin trabajo[3], han sido  incluidas en el subgrupo de Ocupados por razones políticas, técnicas o administrativas, cuando deberían estar situadas en el subgrupo de los Parados. Así que, si reclasificamos a estas personas dentro de estos últimos, la cifra de Parados alcanzaría 5.608.900, es decir, la tasa de paro sería del 24,3%.

La EPA también nos advierte que existen 933.600 personas incluidas en la “Población inactiva”. Son “inactivos que no han podido buscar empleo pero están disponibles para trabajar”[4]. Otro colectivo que debería estar incluido en el grupo de “Población Activa” y consecuentemente en el subgrupo de Parados. Así que, si introducimos a este otro colectivo en la “Población Activa” y dentro de ella en el subgrupo de los Parados de 2020, esta cifra ascendería a 6.552.500 personas, que equivale a una tasa de paro del 27,3% de la Población Activa.

Los datos que corroboran esta tasa de paro los podemos ver en el cuadro y en la representación gráfica siguientes de la Población Activa “ajustada”  a finales de 2020.

(continuará)

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Anexo:

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[1] Echad un vistazo a La mirada económica de Gay de Liébana, 29/01/2021.

[2] “El empleo del sector público comprende todos los asalariados de empresas públicas y de las Administraciones Central y Territoriales, incluidos tanto los trabajadores que cotizan al Régimen General de la Seguridad Social como los adscritos al Sistema Especial de Clases Pasivas” , nota 2 de la página 4 de la Encuesta de Población Activa (EPA) del 4º Trimestre de 2020.

 [3] Personas ocupadas ausentes del empleo por Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o paro parcial por razones técnicas o económicas. Ver página 9 de la Encuesta de Población Activa (EPA) del 4º Trimestre de 2020.

 [4] Ver página 12 de la  Encuesta de Población Activa (EPA)  del 4º Trimestre de 2020.

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El «síndrome inglés» en 2020

Actualización del 4/2/2021

Hace casi 10 años el profesor Jaime Requeijo[1] nos mostraba que la economía española se enfrentaba al “síndrome inglés”[2]: “situación en la que el número de personas cuyas rentas dependen de las Administraciones Públicas superan a aquellas que las reciben del sector privado”. En ese momento dicho profesor llegaba a esa conclusión en base a los datos del año 2010.

Diez años después de las cifras que comentaba el profesor en dicho artículo, la sociedad española se enfrenta a un dilema mucho mayor:

La pandemia del coronavirus, que comenzó de forma mortífera en la primavera de 2020 y que aún sigue azotando a nuestra sociedad ha convertido aquella situación estudiada por el profesor Jaime Requeijo en una devastación económica.

Las cifras del cuadro anterior muestran que, a finales de 2020, una buena parte de los habitantes de España continúa viviendo gracias a las ayudas de las Administraciones Públicas. A las personas que reciben una pensión pública del Estado (el grupo mayoritario) se unen la mayoría de las personas que reciben su salario de algún Ente Público financiado directa o indirectamente con impuestos[3], los ciudadanos que reciben prestaciones de desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), los ciudadanos que reciben prestaciones por estar incluidos en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) o prestaciones por cese de actividad (trabajadores autónomos) del Ministerio de la Seguridad Social.

Todas ellos son más de 16 millones de personas que viven, de una u otra forma, enganchados a algún presupuesto público[4].

¿Quién financia todo este tinglado? Está claro que la actual sociedad española no tiene capacidad tributaria suficiente para soportar esta estructura retributiva. Ni las aportaciones tributarias y cotizaciones sociales que realizan los ciudadanos que reciben ingresos de los presupuestos públicos, ni todas las cargas tributarias y cotizaciones de todo tipo que soportan los ciudadanos que reciben sus ingresos del Sector Privado son suficientes para financiarla.

Así que….una buena parte de estos Gastos Públicos está siendo financiada con Deuda Pública que emiten las diversas Administraciones Públicas (básicamente el Estado) y compran los diversos  inversores financieros en el mercado (sobre todo el Banco Central Europeo y el Banco de España); o de los Préstamos de la Unión Europea (del SURE)[5] y en menor medida los inversores financieros.

Para hacerse una pequeña idea de lo que está sucediendo en nuestra finanzas públicas a la hora de pagar esta inmenso Gasto Público vamos a poner solamente tres ejemplos de lo sucedido a 30 de noviembre: la Administración General del Estado tuvo una necesidad financiera de 115.220 millones de euros[6]; la Seguridad Social necesitó 38.452 millones de euros[7] y las Comunidades Autónomas necesitaron 8.714 millones de euros para hacer frente a sus obligaciones reconocidas[8].

Seguiremos esperando el maná europeo que alivie estas cargas, pero no olvidad que los Reglamentos de la Unión Europea exigirán “algunos requisitos” para dar “esa pasta”.

Así que poned en entredicho todos esos cuentos sobre galeones europeos cargados de tesoros gratuitos y esas “normas internas” que intentan canalizar esos tesoros, pues hasta los mismos órganos consultivos del Estado dudan de su equidad. Solo son relatos mágicos elaborados por politicastros y charlatanes mediáticos para mentes infantilizadas.

 

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[1] En “Síndrome Ingles en 2014” unos visionarios españoles reflexionaban sobre “Lo que hay que hacer con urgencia”. Capítulo: “¿Galgos o podencos?”, dentro de ese libro colectivo, coordinado por el profesor Juan Velarde, Actas 2011.

[2] En dicho artículo, Jaime Requeijo comenta que esa expresión procede del trabajo de Bacon, R. y Eltis, W., sobre los problemas de la economía de Gran Bretaña a mediados de los años sesenta del siglo pasado (Britain Economic Problems Revisited).

[3] Sabemos que este grupo engloba Entes y Sociedades que se autofinancian, pero son una minoría en este número compuesto por empleados públicos al servicio del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales.

[4] Y eso que no tenemos en cuenta a aquellos ciudadanos que reciben otro tipo de prestaciones de las Administraciones Públicas, como pueden ser el Ingreso Mínimo vital del Estado o de alguna Comunidad Autónoma; u otro tipo de ayuda. La situación quizás sea más grave de lo que aquí mostramos.

[5] El Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Atenuar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (instrumento SURE, por sus siglas en inglés).

[6] Deuda Pública (102.593 M€), Préstamo del SURE (9.979 M€), entre otros.

[7] Transferencias del Estado (32.441 M€), transferencias del mismo sistema de Seguridad Social (7.019 M€). El Estado, a estas alturas del año, ya le ha enviado préstamos por valor de 30.330 M€.

[8] Además de las entregas mensuales a cuenta del sistema de financiación autonómica y de otras transferencias públicas.

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El esfuerzo fiscal

Esta reflexión viene a cuento de todo lo que están difundiendo los altavoces oficiales a cerca de la lejanía de nuestro país de ese nivel idílico de presión fiscal europeo, ese listón imaginario que ellos consideran el “paradigma de la justica fiscal”.

La presión fiscal no es más que un porcentaje entre el total de tributos (T) y el Producto Interior Bruto (PIB). Es el montante de ingresos coactivos que reciben las diversas Administraciones Públicas (AAPP) de los ciudadanos y de las empresas para financiar sus programas de Gastos. Es una magnitud macroeconómica, a nivel nacional (o de otro agregado similar). En España la presión fiscal en el año 2019 ha sido el 35,2%[1].

“La presión fiscal… nos está indicando el nivel de imposición de una manera un tanto imperfecta sin tener en cuenta el diseño tributario ni la distribución de esa carga fiscal en los contribuyentes”[2].

El esfuerzo fiscal es el conjunto de impuestos, cotizaciones, tasas y precios públicos que el ciudadano soporta en el transcurso diario de su vida normal; y además todas esas cargas parafiscales que los políticos adhieren a los recibos de la luz[3], del gas, del agua o de otros servicios, para camuflar algún tipo de tributo a los ciudadanos.

Este esfuerzo fiscal hace referencia al peso que representa la fiscalidad en la renta percibida por cada uno de los ciudadanos. Es la aportación individual a las necesidades financieras de esas AAPP.  Por tanto es muy variable, ya que unos ciudadanos soportan más cargas que otros.

No olvidemos que hay muchos ciudadanos que apenas contribuyen (rentistas privilegiados, los que habitan en la economía sumergida, los que huyen de los infiernos fiscales, los parados, las empresas con pérdidas, etc.).

«Una misma presión fiscal puede exigir sacrificios fiscales muy distintos. Por ejemplo, si se aplicase la presión fiscal de Dinamarca (45,4%) a España, el esfuerzo fiscal exigido a los españoles sería mucho más elevado: los daneses tienen una renta per cápita de 51.600 euros anuales mientras que la renta per cápita española es menos de la mitad (24.000 euros). Es decir, presión fiscal y esfuerzo fiscal son dos conceptos diferentes. Por eso, si las desigualdades económicas entre países preocupan, el índice de presión fiscal como indicador impositivo es muy deficiente”[4].

El esfuerzo fiscal afecta de una manera directa al bolsillo de cada persona, cada familia o cada grupo social específico.

La Fundación Civismo, en su estudio anual sobre este tema, utiliza grupos de edad (16-29, 30-44, 45-64, >65) para observar el impacto fiscal.

Disecciona la fiscalidad en tres partes:

• la cuña fiscal: el bloque principal de ingresos fiscales (el Impuesto de la Renta y las Cotizaciones sociales).
• El impacto del IVA  por tipos, de los Impuestos Especiales (Alcohol, Tabaco, Hidrocarburos y electricidad), de los impuestos autonómicos y de los impuestos municipales.
• El día de la Liberación Fiscal.

Además aporta un análisis de la “carga fiscal” relacionando los impuestos pagados con los servicios recibidos de las Administraciones Públicas.

Según el actual informe de esta Fundación, “Día de la Liberación Fiscal en 2020”, el contribuyente medio empleó 178 días al año para cumplir sus obligaciones con Hacienda, es decir, se liberó el día 26 de junio. Como dice dicho informe en el punto 1.7, “el Día de la Liberación Fiscal consiste en expresar la cantidad total de impuestos que paga un contribuyente en España, traducida en el número de días que necesita para generar una renta suficiente con la que hacer frente a todas sus obligaciones tributarias”.

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[1] Según los Informes de la Intervención de la Administración General del Estado, IGAE)

[2] El Blog Salmón: “¿Más impuestos? El esfuerzo fiscal de los españoles es desmedido”

[3] Es muy ilustrativo el desglose que adjunta una empresa de electricidad para la comprensión de una factura de la luz por 134,89 euros:

• 51,57 costes de producción de la electricidad,
• 21,36 costes de transporte y distribución,
•   1,62 otros costes,
• 28,75 impuestos aplicados,
• 31,60 cargas asociadas al recibo:
  • 20,88 incentivos a energías renovables, cogeneración y residuos,
  • 10,72 otros costes regulados (incluida la anualidad del déficit).

Es decir, casi el 45% de la factura son: impuestos y cargas asociadas.

[4]FuncasBlog => Coyuntura: “La insoportable levedad del índice de presión fiscal’ por Felix Sanz Sanz y Desiderio Romero Jordán. Citado por el Blog Salmon, de la Nota 1.

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Adm.Públicas.2019

1.- Dimensión del Sector Público

En el año 2019 los Gastos de las Administraciones Públicas (AAPP) alcanzaron casi 522.000 M€ (521.949 millones de euros). Esta enorme cantidad representa el 42%  del PIB de 2019 (41,91% del Producto Interior Bruto)[i].

Grafico-1

Queda lejos aquel miedo que tenía Josef Shumpeter en 1919 cuando “se quejaba de que el Estado absorbiera ya más del 5% de la renta nacional”[ii].

Las reflexiones de Richard W. Rhan sobre las dimensiones óptimas de las AAPP apuntaban a que ese umbral, la dimensión del Sector Público en la economía nacional, no debía sobrepasar el 25% del PIB (conocida como la Curva de Rhan). En este debate otros economistas estiman que, a partir del 30% del PIB, nos podemos encontrar con estructuras innecesariamente costosas (Vito Tanzi), rendimientos inferiores a los esperados (Livio di Matteo) o con efectos especialmente dañinos (James A. Kahn).

Cuadro-1

Si atendemos a la primera columna del cuadro parece que el ranking de los actores del Gasto Público de España lo lidera el Estado (34%), le siguen las Regiones (28%), los Fondos de la Seguridad Social (27%) y las Entidades Locales (11%), pero las “Transferencias Internas” del Cuadro-1 nos muestran que “Papá Estado” sirve de paraguas de las demás AAPP, ya que realiza la función de Agencia Tributaria que se encarga de recaudar la parte más sustancial de los impuestos de las Comunidades Autónomas (CCAA)[iii]; de completar la financiación de las Entidades Locales[iv]; y de cubrir una parte de la financiación de los Fondos de la Seguridad Social[v]. Y también nos muestran las excepciones a esa regla común de la financiación autonómica protagonizada por las Comunidades Forales del País Vasco[vi] y de Navarra[vii] y por la Comunidad de Canarias[viii];

«Papá Estado» no solo sirve de recaudador sino también de Agencia Financiera que unas veces evita baches de tesorería y otras da respiración financiera asistida para seguir viviendo. Más adelante lo veremos.

La realidad española es que los principales actores económicos son, por un lado, los Fondos de la Seguridad Social, la gran Agencia Social, la beneficencia estatal, los encargados de pagar las pensiones, el desempleo y otras prestaciones sociales que le añaden y que le van a añadir en 2020 debido a la pandemia y a la ideología de la Coalición de partidos políticos que dirige el Estado. Y por otro lado, las Comunidades Autónomas que prestan varios servicios públicos, entre los que destacan la Sanidad, la Educación y la Seguridad y Protección Social. Estas tres políticas públicas representan el 72% de sus presupuestos[ix].

El Gasto Público sigue siendo el gran componente de la economía española. Mucha gente que vive de la política (los Partidos Políticos, los Sindicatos, algunos periodistas y tertulianos y algunos voceros de redes sociales) se dedican a comentar de forma alegre y muchas veces ensalzar las diversas formas de gastar los recursos públicos, como si fuera el maná que cae del cielo o el remedio de todas las carencias de la sociedad.

A estas alturas del discurso político sabemos que la expresión “Estado de Bienestar” se ha convertido en un paradigma social, cuando solamente es un concepto político y económico indeterminado, susceptible de múltiples interpretaciones y de muchas dimensiones. Es como un expediente administrativo: el número de páginas varía según la persona o grupo social que lo impulsa.

Así que el problema de nuestra sociedad actual es doble: decidir el nivel de servicios públicos que deseamos incluir en ese pack; y decidir la forma de su financiación, es decir, los políticos que dirigen el Estado tienen que decidir, en nombre de la sociedad, si ésta se lo puede permitir (más adelante lo veremos).

Pero estamos en España, año 2020, y nuestros actuales dirigentes políticos no desean que estos argumentos prevalezcan. Incluso desean ampliar la dimensión de las AAPP. Debido a la pandemia del coronavirus están estimando un incremento del Gasto Público en 54.765 M€ para 2020, hasta llegar a 576.714 M€, que equivaldría al 51,5% del PIB estimado para este año[x]. Posiblemente sea más.

A modo de ejemplo: en mayo de 2020 se estaban pagando una buena parte de los gastos con el dinero proveniente de las emisiones semanales de Deuda Pública porque lo recaudado por impuestos y cuotas sociales no daban para todo. El Estado ha concedido a la Seguridad Social en abril 13.800 M€, al mes siguiente se van a añadir un crédito extraordinario de 14.002,5 M€ y un préstamo de 16.500 M€, Por si acaso el Estado español ha pedido al SURE[xi] otros 15.000 M€ (aproximadamente). Casi 60.000 M€ de momento.

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NOTAS:

[i] En la delimitación de las AAPP no se han tenido en cuenta la maraña de Entes Públicos calificados como entidades empresariales o fundacionales (Agencias, Comisiones, Consorcios, Fundaciones Públicas, Entidades Públicas Empresariales, Empresas Públicas propiedad de dichas Administraciones Públicas), a pesar de que muchas de ellas estén clasificados como AAPP por la contabilidad nacional del SEC-2010.

[ii] La referencia a Josef Shumpeter está sacada del capítulo XXVII: el Estado Social y Democrático de Derecho, del Libro “Historia de las formas de Estado”, del profesor Dalmacio Negro.

[iii] El Estado les pasó a las CCAA 83.108 M€ (pág.11 del Informe del 4º trimestre de las AAPP de la Intervención General de la Administración General del Estado (IGAE).

[iv] El Estado les pasó a las EELL 18.404 M€ (pág.11 del Informe del 4º trimestre de las AAPP de la IGAE.

[v] El Estado les pasó a los Entes incluidos en el bloque de “Fondos de la Seguridad Social” 15.532 M€ (pág.11 del Informe del 4º trimestre de las AAPP de la IGAE.

[vi] El País Vasco recibe la financiación de las Diputaciones Forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que son las que gestionan los tributos estatales incluidos en el Concierto Económico con el Estado. Así que su financiación se refleja en las transferencias internas de la Administración Local.

[vii] La Comunidad Foral de Navarra gestiona los tributos del Estado incluidos en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral. Su financiación se refleja en los epígrafes tributarios pertinentes.

[viii] Una parte de sus ingresos provienen de los tributos integrados en su Régimen Económico y Fiscal (REF)

[ix] En los Presupuestos para 2020 las 3 Políticas principales representan el 72% de todos sus Gastos no financieros (166.920 M€): la Sanidad (38,3%), la Educación (24,9) y la Seguridad y Protección Social (8,6%). Datos del Ministerio de Hacienda.

[x] Página 70 del Programa de Estabilidad 2020-2021, del Reino de España.

[xi] “Support mitigating Unemployment Risks in Emergency” (SURE): Apoyo para mitigar los riesgos del desempleo en una emergencia. Es decir, un Mecanismo Europeo de apoyo al desempleo.

Aclaración a la nota [ix]:

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El recibo de la luz

1.- Hace unos días, comentando estas cosas con una matemática, me decía que era más sencilla la solución de la ecuación de la catenaria (pensando en las líneas de alta tensión) que entender el recibo de la luz. Le respondí: tienes razón, pero vamos aplicar el sentido común aderezado con unos toques de política a ver si damos un poco de luz a este asunto.

Últimamente el Gobierno, a través de su Ministro del ramo nos está machacando con el precio de la luz. Nos ponen nerviosos con los vaivenes de los costes diarios del Megavatio/hora (Mw/h); con el tiempo del mes de enero, sin lluvia y sin viento; con el parón nuclear de Francia; o con el precio del petróleo o del gas. En definitiva está queriendo justificar un posible incremento de la luz en 2017. A no ser que la Naturaleza aminore tal zozobra.

He mirado mi última factura eléctrica y he visto en su anexo lo que representan las cuatro partes fundamentales (una forma de describirla) en mi desembolso bimensual:

Coste de producción…..	31%
Coste de distribución….	18%
Otras cargas políticas…	30%
Impuestos………………..	21%

Como habéis podido comprobar, a finales del pasado mes, el Ministro solamente ha comentado las variaciones del “mix” de las fuentes de energía utilizadas en enero de 2017 respecto de las utilizadas en enero de 2016. Es decir, ha explicado una parte de la factura: el 31% del total.

Pero no ha hecho ningún comentario a los costes del Megavatio/hora (Mw/h) de cada una de esas fuentes que componen el famoso “mix”.

2.- Un 18% de esa factura es el coste de transportar esa energía a una casa, a una urbanización alejada, a una granja o a una empresa. Lo cierto es que el coste de llevar la electricidad a una casa de Madrid, a una de Cuenca, a una de Baleares, a una de Canarias, a una de Ceuta o a una de Melilla no es igual.

¿Por qué no nos desglosan ese coste por sistemas eléctricos (peninsular, balear o canario), por provincias o por consumidores, cuando las compañías eléctricas tienen instalados millones de contadores inteligentes que se lo pueden calcular?

Puede ser que distribuyan ese coste entre todos los consumidores, como método de camuflar las subvenciones a los sistemas eléctricos de Baleares y Canarias, y al suministro de electricidad a Ceuta y Melilla.

Puede ser que estén discriminando el transporte realizado a los consumidores industriales en perjuicio del realizado a los particulares.

3.- Un 30% de la factura, esconde una panoplia de políticas económicas de diverso pelaje:

• Sobrecoste de fomentar las energías renovables,
• coste de la disponibilidad, esas centrales que están ahí esperando a ser utilizadas en caso de urgencia,
• compensación de los sistemas eléctricos de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla,
• amortización del déficit de tarifa acumulado por producir por debajo del coste de producción,
• soportar el coste del suministro de electricidad a ciertas familias (bono social),
• otros incentivos de fomento a la industria,
• la moratoria nuclear, Gracias a Dios se acabó en 2015,
• etc.

4.- Un 21% de la factura se dedica a recaudar los impuestos que cargan sobre el total de la factura, incluidas las cargas políticas. Pero estos impuestos tienen su peculiar gestión.

Por un lado está el Impuesto sobre la electricidad (algo más del 5%), cuya recaudación, el 100%, se destina a la financiación de las Comunidades Autónomas. Pero también sirve de justificación de las subvenciones al carbón nacional ante la Unión Europea.

Por el otro lado está el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que se liquida sobre toda la factura, incluido el montante del Impuesto sobre la electricidad. El 50% de la recaudación de este impuesto se destina a la financiación de las Comunidades Autónomas.

Cabe preguntarse: ¿Por qué se grava el consumo de electricidad al 21% cuando el abastecimiento de agua se grava al 10%? Estas son las pequeñas cosas que diferencian una política económica de otra.

5.- Todo ello tiene una explicación: es una disyuntiva política y un apéndice.

1. Unos piensan que todas esas cargas del recibo, que no son propiamente costes de la energía, deberían ser partidas específicas en los presupuestos del Estado o de otras Administraciones Públicas en su caso y por tanto todos los ciudadanos las deberían soportar a través de un impuesto específico o de los impuestos en general.
2. Otros piensan que estos costes extraños al sistema energético deben seguir recogiéndose en la factura eléctrica, a modo de tributos parafiscales y ser pagados por los usuarios de la energía eléctrica; de esta forma no se computarían como mayor Gasto Público ni como mayor Presión Fiscal en su caso.
3. Apéndice: algunos piensan que ni siquiera deben aparecer en los Presupuestos Públicos por si pudiesen incidir en el cálculo del déficit público de las Administraciones Públicas, en el caso de que se decida no aumentar los impuestos o aumentarlos un poco por motivos políticos. No debemos olvidar que la Unión Europea vigila.

6.- El coste del Megavatio/hora

El profesor Roberto Centeno (oíd el popcast de “La economía que se fue – 24/01/17” en La web Oficial de Cesar Vidal), a pesar de sus conclusiones radicales, ha dicho que:

• la energía hidráulica cuesta 5 euros el Mw/h,
• la energía nuclear cuesta 15 euros el Mw/h,
• la energía del carbón cuesta 30 euros el Mw/h,
• la energía de los ciclos combinados de gas cuesta (al precio actual del gas) 39 euros el Mw/h.

Según dicho profesor la media de estas 4 fuentes, que representan el 61,4% del total del «mix eléctrico», estaría en el orden de los 26 ó 27 euros por MW/h.

A reglón seguido Roberto Centeno comenta que la energía eólica está costando  90 euros el Mw/h y la energía solar fotovoltaica 450 euros Mw/h en España.

¿Cómo es posible la existencia de esos precios, se pregunta, si algunas Centrales solares fotovoltaicas de México están produciendo a 36 euros Mw/h y en Marruecos a 30 euros Mw/h?

¿Cómo es posible tal coste exista, se sigue preguntando, si la combinación de placas fotovoltaicas y acumuladores Tesla están costando 40-45 euros Mw/h? (Ved 1º comentario).

Los dirigentes de este país no están haciendo bien sus deberes, no saben que en estos campos las tecnologías avanzan a velocidades que ni ellos  mismos comprenden. No han hecho ningún análisis dispruptivo.

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ANEXOS: Para que veáis y reflexionéis sobre el «mix eléctrico» en nuestro país: saltos de agua, desintegración de átomos, carbón, huertos solares, molinillos y ……. algunos cerca de la vela de cera o del candil de aceite.

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Deuda Pública 2016

Sobre los datos del primer trimestre de 2016

1.- «Cuando el Estado era todavía muy pequeño imperaba la economía política, se procuraba equilibrar el Presupuesto y si llegaba el momento que un Estado no podía afrontar sus déficits se declaraba en bancarrota……Pero a partir de la Gran Guerra, el Estado comenzó a crecer desmesuradamente, hasta consolidarse el capitalismo de Estado, cuyos presupuestos han llegado a ser meramente indicativos. No solo se utiliza el déficit como un recurso normal, sino que el Estado dispone ilimitadamente del crédito de sus Bancos Centrales……..tiene ahora la posibilidad de pagar sus deudas con más deudas…» («Crisis del paradigma» de Dalmacio Negro).

«La deuda pública se ha convertido en el paradigma de la economía financiera actual:

• cura las heridas presupuestarias de las Administraciones Públicas (cubrir los diversos déficits) sin importar su gravedad;
• se utiliza para amortizar otros títulos que están a punto de extinguirse (refinanciación continua);
• evita la financiación de los gastos a través de los diversos tributos y así elude las protestas por la presión fiscal que soportan los ciudadanos actuales (traslado de la carga tributaria a las generaciones futuras);
• financia los servicios transferidos a las Comunidades Autónomas y de paso paga despilfarros y facturas pendientes de muchas de ellas y de las Entidades Locales; y
• salva del desastre financiero a muchas instituciones bancarias, cuyos dirigentes no han tenido escrúpulos en ponerse retribuciones de escándalo» (de un artículo de 2012: «Algunas falacias sobre la Deuda Pública»).

2.- En el primer trimestre del año 2016 las Administraciones Públicas (AAPP) acumulaban más de 1,5 billones de euros de pasivos en circulación. Éste es el volumen de los Préstamos y los Títulos de empréstitos (Letras, Bonos, Obligaciones, etc.) pedidos por las Administraciones Públicas para financiar sus gastos.

Sin embargo la versión oficial siempre se refiere a ella como el montante de Deuda Pública depurada, de acuerdo con una serie de criterios escritos por algún órgano de la Unión Europea (UE) conocidos como PDE, “Protocolo_Deficit_Excesivo”. Según estos criterios la Deuda Pública Española a finales del trimestre considerado es de poco más de 1 billón de euros.

3.- En España, como vemos, de acuerdo con esas directrices de la Unión Europea, se utiliza de forma descarada la ingeniería financiera. Así que, con los parámetros de esta técnica, a la Deuda Pública real le restan ciertos préstamos o emisiones realizados para algún fin que consideran exento del cálculo.

Eliminan de un plumazo casi la sexta parte de los pasivos en circulación, 251.478 M€, un 16,4% del total.

Sin embargo considero lógico que se resten de aquel total las deudas que hay entre las distintas Administraciones (v.g.: las deudas que tienen las Comunidades Autónomas con el Estado). En el trimestre considerado son 183.453 M€ las Deudas entre Administraciones Públicas, de los que 127.681 M€ corresponden al Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas (69,6%).

Con estas argucias del PDE, la Deuda Pública española representa en ese trimestre el 100,53% del PIB estimado al final de este trimestre, mientras que, sin esos ajustes, representaría el 123,62% del PIB.

4.- Las refinanciaciones, otra forma de ingeniería financiera, se han convertido en imprescindibles en todas las AAPP para lograr su supervivencia. Todas ellas necesitan obtener crédito para atender los vencimientos de los plazos de sus deudas. Son el oxígeno necesario, la respiración asistida para seguir vivas.

En el cuadro siguiente se ve que una gran parte de lo que tiene que pedir el Estado será para atender las amortizaciones de los préstamos vivos que vencen en el ejercicio y para dotar los Fondos de Financiación de las Comunidades Autónomas (25.000 M€) y de las Entidades Locales (1.000 M€), las otras bombas de oxigeno que mantienen vivos a esos enfermos.

En el caso de las Comunidades Autónomas, una buena parte de la financiación que se va a pedir será para amortizar préstamos del Estado, aproximadamente la mitad (¿10.563 M€? si cumplen lo pactado).

Y en el caso de las Entidades Locales, solamente una pequeña parte se utilizará para amortizar préstamos del Estado, ya que el resto de las amortizaciones previstas lo cubrirán con el superávit que piensan obtener.

En fin, todo un laberinto de refinanciaciones para que esta inmensa bola de nieve no se rompa. A efectos prácticos, en la columna de Total del cuadro siguiente se han eliminado las transacciones financieras recíprocas.

5- Desde el año 2000 hasta el año 2007 la Deuda Pública apenas creció. Fue a partir de ese año cuando se desbocó. Dicen que fue la crisis. Pero el nivel de gasto se mantuvo pensando que los ingresos estimados iban a llegar. Así que una buena parte de esos gastos se financió con Deuda Pública. Y ésta tenía que ser amortizada en el futuro con impuestos.

Durante la época de Zapatero la Deuda Pública pasó de 520.000 M€ a 1.190.000 M€, es decir, se incrementó en 670.000 M€. Una barbaridad.

En los años que gobernó Rajoy también hubo un gran incremento de la Deuda Pública, un poco menos, pero pasó de 1.190.000 M€ que dejó Zapatero hasta 1.530.000 M€ actuales del 1T de 2016, es decir otros 340.000 M€ de incremento.

En fin, en esta época se incrementó la Deuda Pública en más de 1 billón de euros. Una enormidad. Aunque últimamente parece que se está apaciguando el crecimiento.

Veamos los siguientes cuadros, hablan por sí mismo:

 

6.- El servicio financiero de la Deuda Pública de las distintas AAPP alcanzará 40.627 M€ en 2016. (según sus respectivos presupuestos: 33.490 M€ del Estado, 5.760 M€ de las Comunidades Autónomas y 1.377 M€ de las Entidades Locales).  Así que tenemos un problema financiero público muy grave.

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Pensiones Públicas 2016

Uno de los problemas actuales del Estado español es saber cómo va a garantizar las pensiones públicas que dependen de él.

Las pensiones públicas en España están financiadas por las cotizaciones de las personas que están en activo y por algunos desempleados y prejubilados. Es por tanto un sistema de reparto, en el que los cotizantes financian a los pensionistas. Dichas pensiones se complementan con la recaudación general del Estado, con los ahorrillos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y con préstamos.

Los años de cotización y las cuotas aportadas sirven para calcular el montante de la pensión, con ciertos límites. Si el resultado de ese cálculo supera una determinada cantidad (2.567 euros al mes en 2016) el Estado solamente le paga esa cantidad, todo lo demás es parte de la solidaridad para con los demás pensionistas. Por el contrario, si dicho cálculo da una cantidad menor a la considerada mínima por el Estado, éste la complementa hasta alcanzar el mínimo (conocido como complemento a mínimos).

La mayor parte de las pensiones públicas se gestionan a través de la Seguridad Social y una pequeña parte, las pensiones de Clases Pasivas, directamente por el Estado a través del Ministerio de Hacienda.

En el año 2015 la Liquidación de los presupuestos de la Seguridad Social, del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y de la Administración General del Estado nos han mostrado un resultado escalofriante, como se puede ver en los cuadros siguientes.

La primera reflexión que suscita este cuadro es que el conjunto de pensiones y prestaciones gestionado por la Seguridad Social tiene una gran dimensión. Si a esta cifra le añadimos las Pensiones de Clases Pasivas por valor de 13.069 M€, tenemos la friolera de 153.520 M€, que representa el 14,2% de nuestro Producto Interior Bruto (PIB) de ese año.

En estas cifras destacan las pensiones contributivas de la Seguridad Social, sobre todo las pensiones de jubilación. Éstas representan más de la mitad de los todos los gastos no financieros de la Seguridad Social.

La segunda reflexión vendrá motivada por la respuesta a la pregunta ¿Cómo se financian estas pensiones y prestaciones? Básicamente mediante cotizaciones, una modalidad de impuesto sobre el trabajo. Pero está fórmula, que ha sido suficiente durante una buena parte de la historia de este sistema, ahora ya no es suficiente.

En otros tiempos los superávits de la Seguridad Social sirvieron para financiar al Estado que pudo construir Hospitales, Centros Sanitarios y grandes infraestructuras. Según un informe de Comisiones Obreras «si esta desviación de cotizaciones sociales para otros fines se hubiera acumulado, hoy se dispondría de un Fondo de Reserva de 519.104 millones» (1)

Ahora, en 2015, las cotizaciones ni siquiera cubren las pensiones contributivas.

La realidad es que la Seguridad Social en 2015 tiene un déficit ajustado (sin contar la ayuda del Estado) cercano a 30.000 M€.

¿Qué ha hecho el Estado ante esta situación? Ha acudido en su ayuda para evitar la quiebra, inyectando transferencias a lo largo de los años aunque no hubiese déficit (2). Fue a partir de 2012 cuando comenzó a utilizar el Fondo de Reserva para ayudar a financiar este agujero financiero.

En el año analizado, 2015:

• El Estado inyectó transferencias para financiar complementos a mínimos, pensiones no contributivas, subsidios y otras prestaciones por valor de 13.091 M€. Es decir con impuestos. Pero solamente solucionó la mitad del problema.
• Para no cargar a los ciudadanos con más impuestos, el Estado recurrió, como había hecho en 2012, 2013 y 2014, al Fondo de Reserva de la Seguridad Social por valor de 13.250 M€, un colchón financiero transitorio, que se ha ido convirtiendo en recurso ordinario.

Muchos políticos y medios de comunicación, al ver la frecuencia de la utilización del Fondo de Reserva, han puesto el grito en el cielo. Se les ha calentado la boca maldiciendo su utilización y quemando en la hoguera a los políticos que han roto “la hucha” de las pensiones. Deberían pensar qué parte del déficit se ha financiado con “la hucha” (44,4%) y cómo sustituirían esa fuente, ¿con más impuestos? ¿con más Deuda Pública?

Además el Estado, como dijimos más arriba, se hace cargo de las pensiones de Clases Pasivas con impuestos, por valor de 13.069 M€.

En definitiva el Estado ya está aportando a la financiación de las pensiones una buena cantidad de dinero sacado de nuestros impuestos: 13.091 +13.069. Es decir 26.160 M€.

Y si a este pastel le añadiésemos lo sacado del Fondo de Reserva de la Seguridad Social (dentro de muy poco quedará agotado), como algunos sugieren, tendríamos: los 26.160 M€ sacados directamente de los impuestos + 13.250 M€ de la “hucha de las pensiones” = 39.410 M€. Un abismo financiero

 

Algunas causas:

1.- En un sistema de pensiones basado en el reparto, la relación existente entre la población ocupada, 18.029.600 personas según la EPA del 1º trimestre de 2016, y población inactiva es fundamental. La primera es la que sustenta a toda la población (46.524.943 personas). Y sobre todo, en el tema que nos ocupa, aquella parte de la población jubilada y/o subsidiada.

2.- La población española está envejeciendo con bastante rapidez y cada vez tiene mayor esperanza de vida, es decir, cada vez hay más jubilados. En 2016 casi la quinta parte de la población tiene más de 64 años, el 18,6% de la población (3). Y en la pirámide de población, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, se ve la forma que va adquiriendo en los últimos 10 últimos años (4).

3.- Los últimos pensionistas reciben cantidades más altas porque han soportado cotizaciones más altas durante su vida laboral. Aunque algunos no reciben la pensión que les corresponde al superar el límite máximo garantizado por el Estado, como dijimos más arriba. No hay que olvidar que una parte de las pensiones revierte al Estado en forma de impuestos (los pensionistas que superan cierta renta están sujetos al IRPF).

4.- Los nuevos cotizantes aportan muy poco al sistema de pensiones ya sea porque sus salarios son bajos o ya sea porque el Gobierno rebaja sus cotizaciones a las empresas para incentivar su contratación. Lo que se traduce en mayores transferencias del Estado a la Seguridad Social.

5.- El Gobierno actual, que lleva en funciones desde hace más de 6 meses, está gestionando el sistema mes a mes, pero no ataca la raíz del problema porque la decisión ha de ser del Congreso de los Diputados, basada en las recomendaciones que realice la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo (creada en 1995).

Algunas propuestas:

Como este tema es eminentemente político, porque es uno de los pilares básicos en los que se asienta el Estado de Bienestar, nos interesa poner de manifiesto algunas opiniones que circulan por nuestro país:

• Recalcular las pensiones de acuerdo con lo aportado realmente a lo largo de la historia laboral del cotizante y no en una parte de la vida laboral. Esta medida significaría que muchas pensiones serían más bajas que las calculadas con las cotizaciones de esos años tenidos en cuenta actualmente y el Estado tendría que salir en su auxilio por vía de transferencias, como hace ahora con los complementos a mínimos. Solamente se salvarían unas pocas.
• Meter en el paquete de las transferencias corrientes, además de las realizadas hasta ahora, las pensiones de viudedad (18.090 M€) y de orfandad y similares (1.748 M€). es decir, otros 20.000 M€ de transferencias del Estado al sistema de pensiones. Algunos llegan a pedir que en este paquete se metan los gastos de gestión. ¿Qué dejan al sistema? ¿Un simple Fondo de pensiones?
• Establecer una contribución general complementaria, al estilo francés. El Estado sustituiría todas las transferencias puntuales que realiza al sistema de pensiones por un tributo finalista, visiblemente alto (5).
• Subir las cotizaciones sociales de todos los ocupados, hasta lograr financiar el sistema. Esta solución significa más impuestos al trabajo (soportado por empresarios y trabajadores) y un incremento del coste de la producción de las empresas. La primera conclusión es evidente: nuestras empresas serán menos competitivas en el mundo globalizado que ha tocado vivir.
• Establecer un sistema mixto en el que una parte del salario (10%, 15% u otro porcentaje calculado de forma actuarial) se acumule en una cuenta personal del cotizante, gestionada por el Estado. Además ese porcentaje puede ser incrementado por el cotizante si lo desea. Esta fórmula significa que el Estado garantizaría una pensión mínima, de tal forma que si el resultado financiero de la cuenta diese una pensión superior a esa pensión garantizada el beneficiario se quedaría con ella. Si por el contrario ese resultado fuese menor a la pensión garantizada por el Estado, entraría en funcionamiento este mínimo garantizado, de forma similar a lo que actualmente se hace con el complemento a mínimos. En última instancia el paso a este sistema implica, en una primera fase, más impuestos o más Deuda Pública.

No cabe duda que tenemos que revisar nuestro sistema de pensiones como han hecho entre otros el Reino Unido, Suecia, muchos países nórdicos y están haciendo varios países europeos provenientes del antiguo “telón de acero”.

Tendrá que hacerse después de un largo debate, como lo han hecho ellos.

Tendrá que hacerse de forma progresiva, antes de que nuestro sistema de pensiones se colapse.

 

NOTAS:

(1) http://www.elmundo.es/economia/2016/07/10/577f825ee5fdeaab618b45df.html

(2) Una pequeña historia:

(3) Población española actual:

(4) Pirámide de población:

(5) http://agendapublica.es/un-impuesto-especifico-para-la-financiacion-de-las-pensiones-publicas/

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Sobre las Diputaciones

El tema de las Diputaciones llevó a Ciudadanos a perder bastantes votos en aquellas provincias donde el PP o el PSOE se creían dueños de una parte del electorado y en las provincias vascas donde les consideraron enemigos de sus privilegios. Y ahora les están asaeteando. Es lógico, han detectado un punto débil que además hará olvidar otros temas mucho más capitales.

Antiguamente existía una diputación por cada provincia (50). Unas se convirtieron en Comunidad Autónoma Uniprovincial (7) y otras fueron vaciadas de competencias (2) hacia los Cabildos Insulares y hacia la Comunidad Autónoma de Canarias. En Baleares se han creado 4 Consejos Insulares (uno de ellos comparte competencias con el único municipio de la Isla, Formentera, para cobrar la participación en los tributos del Estado como municipio y como provincia o similar, ¡qué eficiencia de gestión, un Consejo Insular para coordinar las entidades locales de Isla: un solo municipio!).

En fin, hoy existen:

• 38 de Diputaciones de Régimen Común,
•   3 de Diputaciones de Régimen Foral,
•   3 Consejos Insulares (el Ministerio de Hacienda suele presentar los datos del 4º con los del Ayuntamiento de Formentera) y
•  7 Cabildos Insulares.

¿Por qué se ha centrado el problema político en las Diputaciones de Régimen Común y no en las otras?
¿Será porque los Consejos y Cabildos Insulares son correa de transmisión de la Comunidad Autónoma para gestionar competencias delegadas?
¿Será porque las Diputaciones Vascas forman parte del conglomerado autonómico y a ellas se les ha asignado la gestión del concierto económico del Estado con el País Vasco y la financiación del Gobierno Vasco, de las Entidades Locales vascas y de regar de subvenciones y participaciones de capital a todo el entramado económico vasco (público, semipúblico y privado)?

El problema está en el coste de los servicios públicos, sobre todo en los que gestionan las Comunidades Autónomas, como iremos viendo.

 

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El “síndrome inglés” en 2014

Los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2014, invita a recordar lo que hace tres años decía el profesor Jaime Requeijo, en el capítulo titulado: “¿Galgos o podencos?”, dentro de la obra colectiva “Lo que hay que hacer con urgencia” (Coordinada por el profesor Juan Velarde, Actas 2011). En dicho artículo, Jaime Requeijo nos mostraba que la economía española se enfrentaba al “síndrome inglés”[1]: “situación en la que el número de personas cuyas rentas dependen de las Administraciones Públicas superan a las que las reciben del sector privado”. En ese momento, dicho profesor llegaba a esa conclusión en base a los datos del año 2010.

Cuatro años después de las cifras que daba el profesor en dicho artículo, la situación española ha ido a peor, de tal manera que se ha vuelto muy alarmante.

Estas cifras nos muestran que España no ha rectificado el rumbo de la estatalización de su economía, que la carga soportada por los sufridos contribuyentes ha aumentado y que no hay ingresos ordinarios suficientes para pagar a todos los que viven colgados de este “Estado de Bienestar”. Un leve descenso de las tres primeras magnitudes dan poca esperanza, ya que los ocupados, sobre los que recae la obligación de sostenerlo, han descendido enormemente. Cada vez está más lejos la luz.

Los que dirigen este tinglado público siguen huyendo hacia adelante y sobreviven de prestado[2] porque los ocupados del sector privado no pueden con el peso de toda la sociedad..

España es una nación de 46,5 millones de habitantes, de los que 38,5 millones tienen más de 16 años. Pero solamente 23 millones de ellos están clasificados como potencialmente activos. No basta con tener este atributo, hace falta que realicen alguna actividad social oficialmente retribuida, asi que de estos activos solamente están ocupados 17,4 millones.

El cuadro que precede nos muestra una situación preocupante, cercana al abismo, que no puede perdurar durante mucho tiempo. Por el bien de todos hay que evitarlo.

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[1] Esta expresión procede del trabajo de Bacon, R. y Eltis, W., sobre los problemas de la economía de Gran Bretaña a mediados de los años sesenta del siglo pasado (Britain Economic Problems Revisited).
[2] La Deuda Pública de España ha aumentado en estos cuatro años en 362.625 millones de euros.

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