Actualización del 4/2/2021
Hace casi 10 años el profesor Jaime Requeijo[1] nos mostraba que la economía española se enfrentaba al “síndrome inglés”[2]: “situación en la que el número de personas cuyas rentas dependen de las Administraciones Públicas superan a aquellas que las reciben del sector privado”. En ese momento dicho profesor llegaba a esa conclusión en base a los datos del año 2010.
Diez años después de las cifras que comentaba el profesor en dicho artículo, la sociedad española se enfrenta a un dilema mucho mayor:
La pandemia del coronavirus, que comenzó de forma mortífera en la primavera de 2020 y que aún sigue azotando a nuestra sociedad ha convertido aquella situación estudiada por el profesor Jaime Requeijo en una devastación económica.
Las cifras del cuadro anterior muestran que, a finales de 2020, una buena parte de los habitantes de España continúa viviendo gracias a las ayudas de las Administraciones Públicas. A las personas que reciben una pensión pública del Estado (el grupo mayoritario) se unen la mayoría de las personas que reciben su salario de algún Ente Público financiado directa o indirectamente con impuestos[3], los ciudadanos que reciben prestaciones de desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), los ciudadanos que reciben prestaciones por estar incluidos en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) o prestaciones por cese de actividad (trabajadores autónomos) del Ministerio de la Seguridad Social.
Todas ellos son más de 16 millones de personas que viven, de una u otra forma, enganchados a algún presupuesto público[4].
¿Quién financia todo este tinglado? Está claro que la actual sociedad española no tiene capacidad tributaria suficiente para soportar esta estructura retributiva. Ni las aportaciones tributarias y cotizaciones sociales que realizan los ciudadanos que reciben ingresos de los presupuestos públicos, ni todas las cargas tributarias y cotizaciones de todo tipo que soportan los ciudadanos que reciben sus ingresos del Sector Privado son suficientes para financiarla.
Así que….una buena parte de estos Gastos Públicos está siendo financiada con Deuda Pública que emiten las diversas Administraciones Públicas (básicamente el Estado) y compran los diversos inversores financieros en el mercado (sobre todo el Banco Central Europeo y el Banco de España); o de los Préstamos de la Unión Europea (del SURE)[5] y en menor medida los inversores financieros.
Para hacerse una pequeña idea de lo que está sucediendo en nuestra finanzas públicas a la hora de pagar esta inmenso Gasto Público vamos a poner solamente tres ejemplos de lo sucedido a 30 de noviembre: la Administración General del Estado tuvo una necesidad financiera de 115.220 millones de euros[6]; la Seguridad Social necesitó 38.452 millones de euros[7] y las Comunidades Autónomas necesitaron 8.714 millones de euros para hacer frente a sus obligaciones reconocidas[8].
Seguiremos esperando el maná europeo que alivie estas cargas, pero no olvidad que los Reglamentos de la Unión Europea exigirán “algunos requisitos” para dar “esa pasta”.
Así que poned en entredicho todos esos cuentos sobre galeones europeos cargados de tesoros gratuitos y esas “normas internas” que intentan canalizar esos tesoros, pues hasta los mismos órganos consultivos del Estado dudan de su equidad. Solo son relatos mágicos elaborados por politicastros y charlatanes mediáticos para mentes infantilizadas.
[1] En “Síndrome Ingles en 2014” unos visionarios españoles reflexionaban sobre “Lo que hay que hacer con urgencia”. Capítulo: “¿Galgos o podencos?”, dentro de ese libro colectivo, coordinado por el profesor Juan Velarde, Actas 2011.
[2] En dicho artículo, Jaime Requeijo comenta que esa expresión procede del trabajo de Bacon, R. y Eltis, W., sobre los problemas de la economía de Gran Bretaña a mediados de los años sesenta del siglo pasado (Britain Economic Problems Revisited).
[3] Sabemos que este grupo engloba Entes y Sociedades que se autofinancian, pero son una minoría en este número compuesto por empleados públicos al servicio del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales.
[4] Y eso que no tenemos en cuenta a aquellos ciudadanos que reciben otro tipo de prestaciones de las Administraciones Públicas, como pueden ser el Ingreso Mínimo vital del Estado o de alguna Comunidad Autónoma; u otro tipo de ayuda. La situación quizás sea más grave de lo que aquí mostramos.
[5] El Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Atenuar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (instrumento SURE, por sus siglas en inglés).
[6] Deuda Pública (102.593 M€), Préstamo del SURE (9.979 M€), entre otros.
[7] Transferencias del Estado (32.441 M€), transferencias del mismo sistema de Seguridad Social (7.019 M€). El Estado, a estas alturas del año, ya le ha enviado préstamos por valor de 30.330 M€.
[8] Además de las entregas mensuales a cuenta del sistema de financiación autonómica y de otras transferencias públicas.
[…] [8] Ver el artículo “El síndrome ingles en 2020” […]